La batalla legal para controlar el 'fracking' en España
El Gobierno central trata de cortar cualquier ley que aborde la
extracción de gas mediante la fractura hidráulica y entorpezca el
desarrollo de la actividad minera
Las regiones y municipios contrarios al 'fracking' en su suelo rebuscan en las competencias urbanísticas para frenar las prospecciones y explotaciones
Las regiones y municipios contrarios al 'fracking' en su suelo rebuscan en las competencias urbanísticas para frenar las prospecciones y explotaciones
El objetivo del Gobierno por mantener el control sobre la regulación del fracking
en España está provocando que ponga su maquinaria legal en
funcionamiento para cortar cualquier intento por parte de comunidades
autónomas u otro organismo que intente limitar, entorpecer o prohibir la
actividad. Este es el panorama en el que se enfrentan parlamentos,
gobiernos y tribunales en el intento de controlar la extracción de
hidrocarburos mediante la inyección de agua a altísima presión en el
subsuelo.
Con la regulación española encauzada por la ley de Evaluación Ambiental y la Comisión Europea
dejando en manos de los estados plena autonomía para legislar, al
Ejecutivo le surgieron tres CCAA (Cantabria, La Rioja y Navarra) que
prohibieron el fracking en su territorio. El
Gobierno recurrió rápidamente ante el Tribunal Constitucional el texto
cántabro. El TC falló a su favor por invasión de competencias exclusivas
del Estado. Le seguirán las otras dos leyes. Otra comunidad más,
Cataluña, buscó un giro legal y usó sus competencias en urbanismo para no permitir licencias de este tipo en terrenos no urbanizables.
La pelea legal ofrece episodios contradictorios como el de los
parlamentos de Castilla y León o la Comunidad Valenciana –con mayoría
del PP– votando en contra de iniciativas antifracking mientras
las diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos, Castellón o
Valencia (todas dominadas por el PP) aprobaron mociones para frenar este
método de extracción.
Ante las incertidumbres, cientos de municipios se han declarado libres de fracking,
según el registro de Amigos de la Tierra. ¿Hasta dónde llega su
capacidad para aplicar normas a las extracciones de gas? Samuel Martín,
de Ecologistas en Acción, analiza que " el nivel local puede
tener un recorrido mediante los planes generales de urbanismo". Y
recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló la ley
cántabra, "decía que no se puede hacer una prohibición genérica pero sí
razonada para determinadas áreas".
Accede a la hoja de cálculo que hemos utilizado para hacer la tabla de consulta.
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