El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
elaboró en 2013 un estudio para el Ministerio de Medio Ambiente sobre
las medidas de prevención y corrección que deberían adoptar las empresas
que quisieran extraer gas en España medianta la factura hidráulica, más
conocida como fracking. Su contenido subraya peligros sobre las sustancias que se inyectan al perforar las rocas, sobre la contaminación de acuíferos, la polución del aire y los riesgos de terremotos.
A pesar de reconocer haberlo recibido en "julio de 2013", el ministerio
lo mantiene oculto y secreto. Fuentes del IMGE entienden que era
demasiado proteccionista.
El informe no sólo avisa de
los riesgos ya constatados en otros países que llevan años practicando
la extracción de gas mediante fractura, sino que subraya algunas de las
medidas legislativas, regulaciones y restricciones que se han
desarrollado en esos países, especialmente en Estados Unidos.
El pasado 9 de junio el Partido Castellano denunció la existencia de
este informe y su silenciamiento, el Ministerio de Medio Ambiente
(MAGRAMA) contestó mediante un comunicado que "es rotundamente falso que
haya censurado la guía elaborada por el IGME". 24 horas después, el
insituto emitió su propio texto que repetía: "En ningún caso el MAGRAMA
ha presionado para modificar el documento de trabajo". Un portavoz del
instituto reconoció al eldiario.es: "Tenemos el documento pero debe
ponerlo a disposición del público el ministerio, que es el propietario".
A pesar de estas declaraciones, el ministerio sigue sin hacer público
el documento, que eldiario.es ha solicitado formalmente desde hace más
de un mes. Este periódico ha tenido acceso al informe a través del
Partido Castellano y también en el buzón de
Fíltrala.org,
la herramienta de filtraciones anónimas en la que colabora con
Diagonal, La Marea y la revista Mongolia. El texto debería servir para
establecer las
declaraciones de impacto ambiental obligatorias
para abrir un pozo de fractura hidráulica. El IGME pertenece
orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad.
El Partido Castellano ha presentado a
través del diputado de Compromís Joan Baldoví una pregunta al Ejecutivo
acerca de qué está pasando con este documento del Instituto Geológico y
Minero de España, ya que consideran que las exigencias que recomienda a
las empresas interesadas en poner en práctica esta técnica han
silenciado la guía. Estas son algunas de las conclusiones claves de ese
estudio, que
aquí puede verse completo:
1. Liberación de sustancias radioactivas
Las rocas que se rompen para extraer el gas contienen elementos que, al
quebrarse, pueden pasar al agua que retorna a la superficie o que se
queda en el subsuelo. "Entre los elementos inorgánicos se encuentra el
uranio, elemento radioactivo (...) que tiende a desintegrarse emitiendo
radioactividad y dando lugar a otro elemento radioactivo".
Entre todos los que se registran aparece el radón 222: "Un gas inodoro, incoloro e insípido,
muy soluble en el agua, por lo que puede ascender disuelto en el agua
de retorno, que puede pasar al aire por descompresión". El radón se
adhiere a aerosoles, polvo y partículas del aire. Por esa razón cuando
aspiramos el radón, se deposita en la piel que reviste las vías
respiratorias "donde las partículas alfa pueden dañar el ADN y causar cáncer pulmonar".
Además, el informe explicita que en los yacimientos de gas y roca viven
bacterias que no precisan de aire para proliferar y cuyo metabolismo
produce ácido sulfídrico. Ese ácido tóxico también es capaz de disolverse en el agua y alcanzar de esa manera la atmósfera. La explotación por fracking impone la utilización de biocidas en el agua para matarlas.
2. Tóxicos en el agua que extrae el gas
El IGME reseña que se han realizado estudios tanto de la Agencia
Alemana de Medio Ambiente como del Congreso de los Estados Unidos para
identificar las sustancias que se añaden al líquido con el que se
fracturan los yacimientos y se libera el gas. En Alemania, la agencia
cuantificó en 7,3 toneladas de aditivos los que se usan en cada
explotación. De los 88 añadidos, 6 se clasifican como tóxicos, 6 nocivos
para el medio ambiente, 25 peligrosos, 14 irritantes, 12 corrosivos y
27 no peligrosos. 8 no se identifican.
En EEUU, entre 2005 y 2009 "las operadoras americanas utilizaron 750 sustancias químicas diferentes. 12 eran cancerígenos y
24 contaminantes atmosféricos". El inventario público de aditivos
usados en cada pozo "es voluntario" para las compañías, avisa el texto.
3. Contaminación de los acuíferos
Todo el proceso de fracking gira
en torno al agua que se inyecta a altísima presión para fracturar las
rocas y lograr que liberen el gas que alberga. El IGME asegura que
"existen evidencias científicas de que la contaminación de acuíferos,
especialmente por metano y sólidos disueltos, se podrían transmitir a
través de las fracturas producidas, a través de fisuras [...] e incluso a
través del casing (tuberías) de antiguos pozos deteriorados".
Esto quiere decir que las grietas subterráneas creadas por los pozos o
la mala conservación de éstos sirven para que la contaminación llegue al
agua del subsuelo. Y luego añade que "se puede indicar que las mejores
zonas para explotar gas no convencional [...] son aquellas que en las
que no existen materiales permeables en su entorno tanto los
considerados acuíferos como los que no".
A pesar de estas dos conclusiones técnicas –peligro de
envenenar acuíferos
y mayor idoneidad de zonas impermeables– una superposición del mapa de
Permisos de Exploración del Ministerio de Industria con el de Unidades
Hidrológicas permitió a Ecologistas en Acción constatar que en España
"el 80% de los yacimientos en marcha están sobre acuíferos".
El documento del instituto pone el acento en que, al
modificar las condiciones del subsuelo, se "pueden producir conexiones
con intercambio de fluidos" entre las perforaciones y los acuíferos. Y
no sólo se refiere a la propia zona donde se estén rompiendo las rocas.
Es decir, un pozo entraña un riesgo de contaminación para también para
un depósito de agua natural muy distante, ya que estos fluidos "pueden
llegar a acuíferos mucho más alejados debido al contacto entre las
fracturas creadas y previas", detalla. "Estas afecciones no suelen
tenerse en cuenta", concluye.
Mientras España está abriendo la regulación para extraer gas mediante fracking
con cierta opacidad en las exigencias medioambientales, en EEUU, país
de referencia absoluta en este sector, diferentes estados dan pasos para
contener esta búsqueda masiva de hidrocarburos atrapados en el
subsuelo. En cuanto a la cuestión del agua, el estado de Massachusets
está tramitando una ley para prohibir el fracking durante
diez años. La propuesta del Comité de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Agricultura no deja lugar a dudas: Ley para proteger nuestra
agua potable de la fractura hidráulica. Aún en proceso legislativo,
establecería una moratoria desde enero de 2015 a diciembre de 2024.
4. Una industria sedienta: gran gasto de agua
En la guía del IGME también se hace referencia a la cantidad de agua
que se necesita para sacar el gas. Aunque el consumo es muy variable, se
puede llegar a " 36.000 o 40.000 metros cúbicos por perforación", lo que pone de manifiesto "el considerable volumen necesario". Un campo medio de fracking
en explotación se extiende por 25 km2, a razón de un pozo cada 2,5 Km2,
lo que llevaría el consumo de agua a "80.000 a 350.000 m3", analiza el
documento.
5. Las inyecciones de agua están detrás de terremotos
En lo que va de 2014, ese estado lleva 240 terremotos de
3.0 grados o más cuando antes de 2008 –cuando arrancó la explotación
gasística– tenía una media de uno al año, explican los investigadores.
Otro estado americano, Texas, ha iniciado en mayo unas audiencias en su
Congreso para establecer si los seísmos en su área norte provienen de
los pozos de
fracking.
La Southern Methodist University cuenta 300 seísmos en una zona tupida de pozos y almacenes subterráneos.
Y a eso, el documento remitido al Ministerio de Medio Ambiente le añade
que los terremotos que produce el almacenamiento de agua después de ser
utilizada –al ejercer presión durante más tiempo– son "de una magnitud
mayor".
6. Metano, ozono y benceno liberados al aire
La evolución de la ingeniería ha permitido a las empresas crear campos
de fractura hidráulica con, cada vez, más pozos. Esto ha producido altas
concentraciones de gases, partículas y vapores en la atmósfera.
Ejemplos que señala el IGME al MAGRAMA: el metano, el ozono y el benceno
–este último cancerígeno– del que se registran "altos niveles en los campos de gas", entre otros.
El informe avisa de que la situación en EEUU la Agencia de Proteccion
del Medio Ambiente "ha emitido una legislación" específica para que las
empresas deban recoger y almacenar el metano para redistribuirlo por
gasoductos.
7. Exigencias a las empresas promotoras
Tras la batería de análisis, el IGME remata sus conclusiones con una
serie de "recomendaciones" que serían exigibles a las compañías
interesadas en explotar los yacimientos en España. Por ejemplo, pide el
"establecimiento de una red de control hidrogeológica de
un radio de entre 5 y 10 kilómetros" para vigilar las posibles
filtraciones, presencia de lodos residuales o metano (entre otros) de
los acuíferos, surgencias, manantiales o pozos" mediante análisis
periódicos.
Para controlar el aire se recomienda una malla de " estaciones de medición de calidad del aire" para comprobar los niveles antes de la explotación y durante la fase de fractura y extracción del gas.
"Los promotores deben realizar investigacones locales específicas para
caracterizar los esfuerzos e identificar las fallas". Es decir, estudiar
detalladamente el subsuelo sobre el que quieren actuar para conocer su
tendencia a los temblores. Y especifica que "normalmente sólo se han
cartografiado las grandes fallas y en superficie" cuando lo que se
considera exigible en el asunto del fracking es un
informe sobre "fallas en profundidad" que requiere "una cartografía
detallada". Incluso "deben tenerse en cuenta la presencia de fallas potenciales que no puedan ser detectadas".
Fotógrafo: Ken James / Bloomberg
