"El fracking es totalmente compatible con la agricultura y el turismo"
Shale Gas sostiene que la supervisión de la fractura hidráulica "supera incluso las recomendaciones de la Comisión Europea"
Shale Gas, organización que agrupa a "la
industria del gas" del país, ha salido en defensa de su negocio justo
cuando el Estado y el Gobierno de Cantabria dirimen ante el Tribunal Constitucional la ley que prohíbe esta técnica en la región desde el año pasado.
Aunque sin dirigirse expresamente a la Administración regional, Shale
Gas ha difundido una nota de prensa donde contesta los principales
argumentos esgrimidos en las alegaciones que tanto el Gobierno autonómico como el Parlamento de Cantabria
han enviado esta semana al tribunal para conseguir que levante la
suspensión cautelar de la ley. De esta forma, la organización entra en
un debate entre administraciones, iniciado tras el recurso de
inconstitucionalidad promovido por el Ministerio de Industria y admitido
a trámite.
Si tanto el Gobierno como la Cámara dieron por sentados los
riesgos del fracking, y alertaron de su futuro perjuicio sobre los ríos
y acuíferos, y sobre los miles de cuevas de la región, especialmente en
Altamira o en El Soplao, Shale Gas replica que "la
fracturación hidráulica no puede en modo alguno causar efectos nocivos
en el patrimonio subterráneo de las zonas en las que se ponga en
práctica". Admite que "la apertura de microfracturas mediante el
empleo de la fracturación hidráulica, normalmente a profundidades
mayores de 2.000 metros, puede originar micro-sismos", pero añade que "generalmente presentan magnitudes en la escala de Richter menores que cero, muy bajas".
Este tipo de minería inyecta toneladas de agua a gran
presión, mezclada con rocas y materiales químicos, para detectar y
desencapsular el gas pizarra a grandes profundidades. El Gobierno de
Ignacio Diego sostiene que 353 de dichos productos químicos son
"potencialmente tóxicos", extremo que niega la industria: "Se utilizan en proporciones muy bajas en relación al volumen del agua utilizada, alrededor de 0,5% o menores".
En general, esta segunda visión de un mercado boyante, que
según el ministerio podría aliviar la balanza energética del país,
dibuja una minería para la extracción subterránea sin ningún problema
directo o colateral: "Son proyectos totalmente compatibles con el mantenimiento de las actividades habituales de la zona:
agricultura, turismo, sector vinícola, etcétera, tal y como sucede en
los países en los que la exploración y/o producción de hidrocarburos no
convencionales es ya una realidad". Y lo son, porque en España están
sometidos a la máxima protección ambiental, superando incluso las
recomendaciones de la Comisión Europea presentadas el pasado 22 de enero
de 2014.
Shale Gas se apoya en informes externos, como también lo
hace la Administración cántabra en sus alegaciones (precisamente con
estudios de la propia Unión Europea). El Ejecutivo y el Parlamento, aún
así, no desprecian por completo esta ingeniería, sino que la consideran
inconveniente para la región por su singularidad paisajística y por la
cercanía de sus 102 municipios, lo cual impedirá mantener una distancia
suficiente entre los núcleos de población y los pozos. La industria, por
su puesto, también replica este argumento. "En una fase de exploración
se perfora un número muy limitado de pozos y cada uno de ellos ocupa una superficie equivalente a la de uno a tres campos de fútbol.
En el caso de proyectos en fase de producción, gracias a las técnicas
disponibles hoy en día, se perforan varios pozos desde un mismo
emplazamiento, consiguiéndose reducir al mínimo el impacto visual y la
ocupación del terreno".
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